EL MUNDO ECONOMÍA Y NEGOCIOS
El canon de pago lleva 11 años congelado y ha alterado la lógica económica de las empresas. El Comité de Afectados por Apagones se niega a un esquema castigador. Desde 2010 a la fecha se han erogado 38 mil mill
El modelo tarifario que estudia el Ministerio de Energía Eléctrica, que será anunciado al término del «Plan a 100 días», vendría a representar la implementación de un límite al consumo, de acuerdo con el criterio de la presidenta del Comité de Afectados por Apagones, Aixa López.
La dirigente social considera que es apresurado, además, pretender poner en vigencia un nuevo modelo cuando no se sabe cómo se comportará el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), luego de la puesta en marcha el 7 de mayo del referido programa.
«El Gobierno debe enseriarse y hacer una inspección de todo el sistema térmico, hidroeléctrico, de transmisión y distribución, pues para implementar un nuevo modelo tarifario, que pretende además cobrar por encima de un tope fijado, debe estar plenamente justificado con eficiencia y buen servicio», alegó López.
El ministro de Energía Eléctrica, Jesse Chacón, dijo esta semana que una vez finalizado el plan que se aplicará en los próximos meses, se anunciará un nuevo modelo tarifario que pretende establecer techos de consumo. Una vez que estos sean sobrepasados, los kilovatios adicionales se cobrarán a un costo mayor, señaló.
Por su parte, Iñaki Rousse, ex vicepresidente de la extinta Electricidad de Caracas, considera que los cánones de pago son un factor determinante para el sector. Explica que en Venezuela se ha malentendido el tema y se ha distorsionado la realidad.
El especialista señala que «mientras más aguas abajo llega el servicio, mientras menor voltaje va requiriendo, hay que agregar más costos de transformación, transmisión y distribución, por lo que el costo de la energía va siendo más alto».
Este es el motivo por el cual sostiene que el sector residencial es el que debe tener la tarifa más costosa. «Es absurdo buscar argumentos sociales para revertir esa realidad y desconocer que los costos adicionales que se están transfiriendo al comercio o la industria van a recaer, como es de esperar, en el cosumidor final», comenta Rousse.
Las tarifas eléctricas están congeladas desde principios de 2002, por lo que ya no reflejan los verdaderos costos de Corpoelec.
Para Rousse, el canon de pago debe ser un mecanismo económico con política social que promueva el uso racional de la energía. «No se trata de politiquería, sino de establecer un costo real en donde el Estado haga posible que todos los venezolanos tengan acceso a este servicio público», dijo.
Un esquema que defiende Rousse es el que se implementa en Colombia. Explica que «para no sacrificar a las empresas eléctricas y ponerlas a hacer labor social, el Estado genera un fondo nacional de subsidio a la enegría eléctrica, con el cual se atienden los casos de aquellas familias que no pueden correr con el costo de la electricidad».
El esquema no hace la discriminación por consumo, sino que se evalúa a las familias y se determina si tienen o no necesidad de un subsidio. El Estado paga entonces a la empresa eléctrica un porcentaje de la factura del cliente bajo esquema especial.
Sobre el «Plan a 100 días», el especialista considera que se trata de tareas rutinarias que deben hacerse en cualquier sistema eléctrico del mundo, sin embargo, duda de la experiencia y el conocimiento de quienes están a la cabeza del programa.
El presidente de la Comisión de Energía de Fedecámaras, Guillermo Ovalles, también mira con escepticismo el programa que lleva a cabo el despacho eléctrico.
Señala que «hasta para hacer pica y poda, que es un trabajo de rutina, se requiere de criterios profesionales, pues es fácil que un árbol cortado caiga sobre líneas de transmisión y, al final, resulte peor el problema».
De acuerdo con el gremialista, un factor que ha disminuido la eficiencia ha sido la desprofesionalización que ha sufrido el sector eléctrico, pese al personal calificado que abunda en el país.
Uno de los elementos que Aixa López considera debe ser investigado es el destino de los recursos que se han aprobado en los últimos cuatro años al sector.
La presidenta del Comité de Afectados por Apagones estima que debe iniciarse una auditoría y castigar a los responsables.
Cálculos del analista eléctrico internacional José Aguilar indican que solo entre 2010 y lo que va de 2013 se ha asignado al sector cerca de 38.500 millones de dólares y, pese a ello, los resultados, a juicio del especialista, son «inaceptables».
