Fetraelec denuncia adiestramiento militar en el sector

EL UNIVERSAL

Rechazan la prórroga de intervención de Corpoelec

El presidente de la Federación de Trabajadores de la Industria Eléctrica (Fetraelec), Ángel Navas, señaló que «no entiende» y «no justifica» la decisión oficial de prorrogar por seis meses la intervención de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec).

El dirigente indicó que las decisiones internas podrían hacerse sin la figura de intervención, además, desde abril se adelanta ese proceso con «visos de militarización», por cuanto la mayoría de los integrantes de la junta interventora son militares y porque «están adiestrando a personal castrense sin informar a los trabajadores del sector, el alcance de esa medida».

Recordó que durante la gestión del ministro de Energía Eléctrica, Alí Rodríguez, se planteó la necesidad de «reforzar la seguridad interna» de las instalaciones eléctricas» dada su importancia estratégica para el país. Sin embargo, advirtió, «desconocemos la finalidad de esos entrenamientos: si son para resguardar las plantas y grandes equipos, los apoyamos; si es para realizar nuestras operaciones, los rechazamos».

Navas refirió que con el decreto que establece Zonas de Seguridad en el ámbito eléctrico, «no se pueden hacer protestas y se limita la actuación sindical», contrariando el espíritu de la Constitución , que garantiza y promueve los derechos de los trabajadores a expresarse libremente.

Reiteró que «los trabajadores están agobiados por tantos amedrentamientos y por amenazas con el Sebin».

Mientras se enfatiza en esos aspectos, dijo, los «verdaderos problemas del sector quedan de lado, como el retraso de obras y la falta de equipamiento». Agregó que «el peso de la deficiencia presupuestaria lo están soportando los trabajadores, que deben llenar de gasolina y calibrar el aceite de los camiones, deben comprarse sus uniformes, cuando esto corresponde a la empresa».

Destacó que «las elecciones en Fetraelec están detenidas por decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Eso nos ha hecho daño. Tenemos 2 años con el contrato colectivo vencido y para iniciar las negociaciones, las autoridades deben estar relegitimadas».

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