Grupo Ricardo Zuloaga

 

 

 

 AUMENTO DE TARIFAS ELÉCTRICAS
¿MÁS DINERO PARA QUÉ? 

El Ministro Jesse Chacón ha venido anunciando que a partir de este mes de julio se comenzará a aplicar un nuevo aumento en el precio de la electricidad que los venezolanos, ya castigados por la creciente inflación, tendremos que pagar para recibir a cambio un servicio que no satisface nuestras necesidades y que por el contrario, reduce nuestra calidad de vida.

Este aumento se hace bajo la excusa de que somos el país cuya población más consume y que menos paga. Esto es afirmado porque no hay forma de que podamos conocer la realidad ya que el gobierno mantiene un apagón informativo que le permite mentir para crear una falsa matriz de opinión: Exceso de consumo, oferta eléctrica suficiente.

Gracias a ese apagón informativo se oculta la verdad de los apagones y se justifican solicitudes de recursos monetarios para la construcción o ampliación de plantas generadoras que no entran en funcionamiento.

Ahora. Un nuevo aumento tarifario. Pero, desde el año pasado la factura eléctrica ha crecido porque, según Chacón, se hizo una homologación que nadie conoce ya que no se dio información suficiente sobre ello. Esta llamada “homologación” hizo que muchos venezolanos pagaran casi el doble por el pésimo servicio que recibían, y sobre el cual se hará el nuevo aumento.

En Venezuela siempre hubo ajustes en la tarifa eléctrica, pero estos se hacían bajo reglas claras y con transparencia. Las empresas eléctricas públicas y privadas tenían que presentar sus balances auditados, sus necesidades de inversión, de mantenimiento y mejora del servicio y  los gastos necesarios para que tanto usuarios como trabajadores tuvieran satisfechas sus necesidades.

Hoy, argumentando que el pueblo venezolano es un despilfarrador de electricidad que se entrega a las tarifas más bajas del mundo, pretende imponer un incremento porque es necesario incentivar el uso racional y eficiente de la electricidad, eliminar el subsidio y garantizar los fondos que hagan operativa a  CORPOELEC.

Ante tal matriz de información, queremos aclarar que, Venezuela  fue hasta 1998 un país que siempre fundamentó la calidad de vida de sus habitantes y su desarrollo económico en el servicio de electricidad y si bien  es saludable la implantación de políticas públicas que incentiven el uso eficiente de la energía  y que CORPOELEC sea una empresa financieramente viable, no son ciertas las afirmaciones del Gobierno Nacional sobre todo si se toma en cuenta la calidad del servicio y el consumo per cápita real a lo que se le debe sumar los miles de millones de dólares que ha recibido sin que hayan entregado jamás cuentas de ello.

Las verdaderas razones de la crisis Financiera de CORPOELEC ocurre, (a) por la falta de planificación y el despilfarro de más de 100.000  millones de dólares, a precio de 1998, que el estado venezolano le entregó a partir de  1999 a los nuevos administradores públicos para la ejecución de las obras de infraestructura requeridas para la satisfacción de la demanda y la garantía de un servicio de calidad y  (b) por la pésima administración de la empresa la cual, hoy, según sus propios informes, solo es capaz de facturar el 60% de la energía entregada a los clientes y de cobrar solo el 70% de lo que facturan. Esto trae como consecuencia que al final, solo de materializa en caja el 43% de los fondos. Adicionalmente, los costos operativos, a pesar del abandono total del mantenimiento de sus instalaciones  y del incumplimiento de las obligaciones con sus trabajadores y prestadores de servicios, se han incrementado sustancialmente y no han contado con las debidas auditorias que avalen su correcto y eficiente uso.

El resultado de esta desastrosa gestión es lo que ha llevado al ciudadano venezolano después de disfrutar hasta finales de los años 90’s, del mejor servicio de energía eléctrica de Sur América con una cobertura de más del 97% del país y con estándares de calidad comparables a países desarrollados, a sufrir del peor servicio de electricidad  de Sur América.

Lo antes expuesto, hace inaceptable e inmoral por parte de las autoridades, el proponer un aumento de tarifas sin antes reponer la calidad de servicio que hasta 1998 disfrutamos los venezolanos y sin  dar cuenta de los más de 100.000 millones de dólares que administraron y que hoy no se reflejan en la calidad del servicio que le prestan al pueblo venezolano.

Desde el Grupo Ricardo Zuloaga consideramos que los venezolanos debemos cuestionar cualquier ajuste tarifario hasta que el gobierno presente un programa creíble, verificable y auditable que asegure:

  • La rendición de cuentas de los recursos asignados.
  • La reducción de las pérdidas y la medición y cobro de la electricidad no facturada y no cobrada
  • La reducción del uso ilegal del servicio eléctrico y de la morosidad, especialmente de los entes oficiales.
  • La eliminación de asesoría técnica extranjera innecesaria y no calificada (Asesoría cubana al sector eléctrico que, a la fecha, le ha costado al país alrededor de US$ 1.100.000 millones)
  • El reajuste de la nómina de Corpoelec exageradamente recargada y la reformulación del contrato colectivo, que según las autoridades eléctricas está repleto de inequidades y solo beneficia al 10% del universo laboral.