EL UNIVERSAL
Analistas eléctricos que fueron citados recientemente a la División Nacional Contra el Terrorismo del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), emitieron ayer un comunicado en el cual reiteran que las interrupciones eléctricas no son sabotaje.
Miguel Lara, José Manuel Aller y Víctor Poleo, pertenecientes al Grupo Ricardo Zuloaga, advierten que el «Gobierno, para evadir su exclusiva responsabilidad en la crisis eléctrica, pretende endosársela a los venezolanos», atribuyendo «al crecimiento excesivo de la demanda y al derroche en el consumo eléctrico de los usuarios», la causa de las fallas.También lo endosa a «elementos incontrolables (fenómeno El Niño, incendios de vegetación, animales, rayos, vientos, lluvias) y ahora al sabotaje».
Bajo esta «argumentación infundada», señalan, «se repiten las mismas medidas: bombillos ahorradores, zonas de seguridad, decretos de emergencia, eficiencia energética, multas y penalidades, las cuales inexorablemente llevan al mismo resultado. La crisis no se resuelve y continúa agravándose».
En opinión de los especialistas «la población sufre todos los días la calamidad que representa la falta de luz y nuestros análisis y opiniones han contribuido a desmontar el engaño mediático, el Gobierno ha convertido al sabotaje en su excusa favorita».
«Resultamos incómodos para el Gobierno», aseguran, «porque hemos dado a conocer a la opinión pública que la infraestructura del sistema desde 1950 a 1998, fue construida con menos de 50 mil millones de dólares (a valor de 1988), mientras que las emergencias eléctricas decretadas le han costado a los venezolanos, según el gobierno, montos que superan cualquier inversión anterior sin que se perciban mejoras».
Destacan en el comunicado que «la falta de servicio eléctrico le ha costado a la nación (2009-12), alrededor de 110 mil millones de dólares, equivalente a un año y medio del ingreso petrolero o a una tercera parte del Producto Interno Bruto (PIB)».
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